México busca crear un sistema financiero que sea más eficiente y confiable. El gobierno lanzó, con ese objetivo, la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, una estrategia cuyo propósito es que los servicios financieros no sean un privilegio y se conviertan en verdaderas herramientas para mejorar la vida de las personas. El desafío es ambicioso: cerrar las disparidades históricas, recuperar la confianza en las instituciones y transformar el acceso en el punto de partida, dejando de ser la meta final.
Restablecer la confianza y transformar el acceso en uso real.
Las cifras de inclusión financiera presentaron una paradoja a lo largo de los años. La cantidad de mexicanos que abrían cuentas bancarias aumentaba, pero no eran muchos los que las utilizaban con regularidad. Numerosas personas las mantenían únicamente porque eran necesarias para recibir nóminas, ayudas o abonar algún servicio. Lo que seguía ausente era lo más crucial: que ese acceso se convirtiera en ahorro, seguridad, progreso y bienestar económico.
Además, el gobierno acepta algo que, con poca frecuencia, se admite tan abiertamente: la desconfianza continúa siendo inmensa. Las crisis previas, las malas prácticas, los fraudes y productos poco transparentes han dejado cicatrices profundas. La PNIF busca abordar ese problema desde sus cimientos, afianzando la educación financiera, la regulación y los dispositivos de protección al usuario.
Un objetivo con cuatro pilares
La nueva política se basa en cuatro pilares fundamentales que, en conjunto, buscan cambiarlo todo. El primero consiste en fomentar el ahorro formal, particularmente el que es a largo plazo, pues solo 6 de cada 10 personas cuentan con algún mecanismo de ahorro de este tipo. La segunda es ampliar el acceso al financiamiento, desde préstamos para la vivienda hasta recursos para que las pequeñas empresas se desarrollen sin quedar estancadas en la informalidad.
El tercer eje se centra en los pagos digitales, un ámbito en el que México ha progresado, pero aún existen grandes disparidades entre las distintas zonas del país. El cuarto pilar se enfoca en que un mayor número de personas tenga seguros y productos que las protejan frente a imprevistos, lo cual es esencial en una nación donde, según el INEGI, solo el 26% de la población económicamente activa cuenta con algún tipo de seguro.
La atención a los grupos más vulnerables y la igualdad de género son dos enfoques transversales que se añaden a estos elementos y que recorren toda la estrategia. El objetivo es evidente: que nadie quede fuera debido a su lugar de nacimiento, edad, localización o situación económica.
¿Qué busca alcanzar esta política?
La PNIF no se limita a cifras y porcentajes. El gobierno desea que los servicios financieros realmente beneficien a la población. Que una mujer emprendedora tenga la oportunidad de obtener un crédito sin obstáculos, que una familia pueda ahorrar sin temor a perder su dinero, que un pequeño negocio consiga financiamiento para expandirse y que un agricultor en una zona rural tenga la posibilidad de realizar pagos digitales sin problemas.
Si el plan tiene éxito, podría ser una herramienta para fomentar la economía desde la base, formalizar actividades de producción y disminuir la gran desigualdad que todavía existe en varias regiones del país.
Los desafíos futuros
La estrategia es prometedora, pero implementarla será difícil. El desafío más grande es vencer la desconfianza y la informalidad. Actualmente, en México existen alrededor de 33 millones de personas en la informalidad laboral; esto es más de la mitad de la población (54.4%), quienes reciben sus pagos en efectivo, evitando la bancarización para el pago de nóminas. A eso se añaden otras barreras que persisten: la escasa educación financiera, las diferencias de género que continúan obstaculizando a millones de mujeres, el acceso restringido a dispositivos digitales y la falta de conectividad en áreas rurales, que afecta a más del 30% de la población que vive en ese sector.
El camino también incluye actualizar la infraestructura tecnológica, asegurar que los pagos digitales sean seguros y accesibles, y brindar a los usuarios información clara y útil.
Un proyecto que tiene la vista hacia el futuro.
En esencia, la Política Nacional de Inclusión Financiera es un compromiso con un México en el que el sistema financiero no sea intimidante, complejo o distante. El éxito de este proyecto estará condicionado por la colaboración entre bancos, autoridades, fintech, usuarios y organizaciones. Sin embargo, lo más importante es el grado en que consiga algo esencial: que la gente confíe nuevamente.
Si eso sucediera, la PNIF podría representar un cambio radical en la relación de millones de individuos con su dinero, sus bienes y las oportunidades que todavía son inaccesibles para demasiadas personas.
