Un debate que vuelve cada enero
Cada inicio de año México amanece con una nueva cifra de salario mínimo y con la misma pregunta: ¿subirlo tanto no va a desatar la inflación?. El tema es especialmente relevante después de casi una década de incrementos acelerados: desde 2016 el salario mínimo dejó atrás el estancamiento de los años noventa y dos mil, y bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum los aumentos han sido de dos dígitos casi cada año. En 2025, el salario mínimo general se ubicaba en 278.80 pesos diarios en casi todo el país y 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Ahora, después de un alza del 12%, en 2026 será de 315.04 pesos diarios.
La narrativa oficial es clara: los aumentos han sido clave para reducir la pobreza y recuperar el poder de compra sin provocar una espiral inflacionaria. Pero, ¿qué dice la evidencia científica? Y, en un país donde más de la mitad de las personas ocupadas trabajan en la informalidad, ¿a cuántos realmente les llega este beneficio?
De ancla antiinflacionaria a “bandera social”: cómo han cambiado los aumentos por sexenio
Durante décadas el salario mínimo fue, en los hechos, un instrumento de control inflacionario. En la crisis de los años ochenta se dejó crecer la inflación y se contuvieron los salarios, lo que provocó una caída brutal del poder adquisitivo. Los estudios históricos muestran que desde entonces y hasta bien entrados los años noventa el salario mínimo perdió gran parte de su capacidad para cubrir siquiera la canasta básica.
Con los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (1988-2000), el salario mínimo se mantuvo como “ancla nominal”: nominalmente subía, pero por debajo de una altísima inflación, de modo que el poder de compra siguió deteriorándose.
En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), el patrón cambió de la caída al estancamiento. Datos de series históricas muestran que en 2000 el salario mínimo en el área de menor nivel rondaba los 37.9 pesos diarios y para 2010 apenas había subido a 54-57 pesos, con pequeñas variaciones por zona. El resultado: aumentos nominales casi al ritmo de la inflación, pero sin recuperación real.
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) se dieron pasos institucionales importantes: se redujeron las zonas salariales y después se unificaron, y se inició el proceso para que el salario mínimo dejara de usarse como unidad para multas y otros cobros, justamente para poder subirlo sin que todo el sistema de precios se ajustara automáticamente. Aun así, el gran cambio vino hacia el final del sexenio: a partir de 2016 se adopta explícitamente una política de “recuperación” del salario mínimo, con crecimientos en términos reales. Entre 2016 y 2022, el índice de salario mínimo real aumentó 81.2%, con un crecimiento promedio de 10.6% anual en términos reales.
El verdadero salto se da bajo Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 207.44 en 2023 y 248.93 en 2024 para el resto del país, mientras que en la frontera norte se disparó a 374.89 pesos en 2024. Diversas estimaciones calculan que, en conjunto, los aumentos desde 2018 rondan el 150% acumulado, y se les atribuye una parte importante de la reducción de la pobreza laboral y de la pobreza por ingresos en esos años.
Claudia Sheinbaum, ya en la nueva administración, ha mantenido esta línea. Para 2025 se aprobó un aumento de 12% y para 2026 se acordó otro incremento de 13%, que llevará el salario mínimo a 315.04 pesos diarios en el resto del país y 440.87 pesos en la frontera norte. El objetivo declarado es que, hacia 2030, el mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas.
¿Subir el salario mínimo provoca inflación? Lo que dicen los modelos y los datos
La teoría económica más tradicional advierte que, si se fija un salario mínimo por encima del “salario de equilibrio”, las empresas enfrentarán mayores costos laborales, recortarán empleo y trasladarán esos costos a los precios. Eso, en el papel, implica más desempleo y más inflación.
Sin embargo, cuando se pasa del pizarrón a los datos, el panorama es mucho menos dramático.
Un trabajo reciente de la economista N. I. Muller Durán, publicado en 2024, analizó específicamente el vínculo entre salario mínimo e inflación en México entre 2005 y 2023. Sus conclusiones son claras: el salario mínimo tiene un efecto positivo pero pequeño sobre los precios, mientras que el factor dominante en el comportamiento de la inflación han sido los precios de las importaciones (alimentos, energía, bienes intermedios). En el corto plazo, los cambios de precios prácticamente no se explican por el salario mínimo, sino por choques externos; en el largo plazo, el impacto salarial existe, pero sigue siendo acotado.
El mismo artículo resume parte de la literatura internacional. Un metaanálisis de Lemos (2008), citado por Muller, revisa 30 estudios en distintos países y encuentra que un aumento de 10% en el salario mínimo puede elevar los precios de alimentos hasta 4%, pero la inflación general en no más de 0.4%. Es decir: hay efecto, pero no una espiral descontrolada, y suele concentrarse en sectores muy intensivos en mano de obra de bajos salarios.
Para México, estudios previos del economista Raymundo M. Campos Vázquez (2015) simulaban que un aumento de 51% en el salario mínimo habría generado un alza de hasta 3% en los precios, bajo ciertos supuestos sobre qué trabajadores se verían afectados. Más adelante, un análisis técnico de la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estimó que duplicar el salario mínimo tendría un efecto acumulado en un año de apenas 0.022% en el nivel de precios de todo el país, sin impacto medible en las ciudades de la frontera norte.
La evidencia reciente también juega en contra de los escenarios catastrofistas. Conasami reportó que el incremento de 22% al salario mínimo en 2022 solo implicó un aumento de 1.02% en el costo laboral del sector manufacturero, sin que se observaran aumentos significativos en los precios de ese sector atribuibles al salario mínimo.
Por otro lado, el propio Banco de México, en varios comunicados, ha mostrado cautela respecto a aumentos “desligados de las condiciones de la economía”, por su posible efecto sobre expectativas inflacionarias.
Aun así, si se pone todo en la balanza, la fotografía que dejan los trabajos empíricos recientes es consistente: los aumentos al salario mínimo pueden tener efectos inflacionarios, pero éstos tienden a ser moderados y manejables, especialmente cuando se acompañan de otras políticas (como reducciones de impuestos indirectos o un manejo cuidadoso de la política monetaria) y cuando el salario mínimo partía de niveles muy deprimidos, como ocurrió en México.
Pobreza y empleo: beneficios más visibles que los riesgos
Un dato clave para entender por qué los gobiernos recientes han insistido en esta estrategia está en el ingreso laboral y la pobreza. Entre 2018 y 2024, el ingreso laboral per cápita en México habría crecido alrededor de 30%, y la proporción de personas en pobreza se redujo de casi 50% a alrededor de 39%, según datos citados en análisis recientes sobre salario mínimo.
Investigaciones con datos del IMSS han encontrado justamente eso: el salario mínimo aumentó sin provocar caídas en el empleo formal y sí empujó al alza los ingresos de los trabajadores ubicados en los deciles inferiores de la distribución salarial. En otras palabras, ha sido una herramienta eficaz para mejorar el ingreso de quienes menos ganan dentro del sector formal.
Desde esta óptica, el riesgo principal no ha sido tanto una “bomba inflacionaria” como que el salario mínimo se quede corto frente a otros problemas estructurales: baja productividad en sectores clave, inversión insuficiente y una economía todavía muy dependiente de insumos importados, cuyo encarecimiento ha explicado buena parte de la inflación pospandemia.
El enorme “pero”: más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI muestran que, en el tercer trimestre de 2025, 55.4% de la población ocupada estaba en alguna modalidad de empleo informal, es decir, unos 33 millones de personas.
Para todos ellos, el aumento del salario mínimo no es una garantía automática. La ley obliga a pagar al menos el mínimo solo en el sector formal, donde hay contrato, seguridad social y registro ante las autoridades. En la informalidad (tianguis, pequeños talleres sin registro, trabajo por cuenta propia sin seguridad social, empleo doméstico no afiliado, agricultores y ganaderos), las remuneraciones se fijan por negociación directa, muchas veces muy por debajo del piso legal.
Esto genera una paradoja: mientras los aumentos al salario mínimo han mejorado las condiciones de millones de trabajadores formales y han tenido efectos moderados sobre la inflación, una mayoría de la fuerza laboral sigue sin beneficiarse plenamente.
Existen dos posibles efectos contrapuestos en este contexto. Por un lado, si subir el salario mínimo encarece la contratación formal, algunos empleadores podrían optar por esquemas informales para evitar el cumplimiento, desplazando trabajadores hacia la informalidad. Por otro, puede hacer que los salarios suban también en el sector informal o que este pierda atractivo frente a empleos formales mejor pagados, incentivando la formalización. La evidencia para México todavía es mixta y depende mucho del sector y la región.
Lo que sí reflejan los datos de ENOE es que, pese a los aumentos récord del salario mínimo, la tasa de informalidad no ha caído de manera contundente; se ha mantenido en una especie de “meseta alta”, ligeramente por arriba de 54% y ahora en 55.4%.
¿Hacia dónde va la política salarial en un país tan desigual?
Con los aumentos ya aprobados para 2026, el gobierno apuesta a seguir estirando el salario mínimo sin romper el equilibrio con inflación y empleo. La Conasami calcula márgenes “sostenibles” de alrededor de 15-16% de incremento anual, que permitirían seguir recuperando el poder de compra sin generar presiones excesivas.
El viejo argumento de que cualquier aumento relevante al salario mínimo necesariamente detonará una espiral inflacionaria no se sostiene con los datos más recientes. Hay efectos, pero son moderados y dependen mucho del contexto.
Los incrementos han tenido impactos muy visibles en la mejora del ingreso laboral y en la reducción de la pobreza en el sector formal, con una redistribución hacia los trabajadores peor pagados sin evidencia robusta de destrucción masiva de empleo.
Mientras la informalidad siga alrededor de 55% de la ocupación, el salario mínimo, por sí solo, será una herramienta poderosa pero incompleta. Para que su impacto se generalice, tendría que combinarse con políticas de formalización, incentivos fiscales, simplificación regulatoria y, en algunos casos, programas de empleo público o apoyos focalizados a pequeñas empresas para absorber el incremento de costos sin recurrir a la evasión laboral.
