El miércoles 20 de mayo Moody’s Ratings recortó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, colocando al país en el escalón más bajo del grado de inversión, a un solo peldaño del territorio especulativo. La decisión alinea a Moody’s con la calificación que Fitch Ratings ya había asignado a México, dejando a dos de las tres grandes agencias en el nivel mínimo del grado de inversión. S&P Global había revisado su perspectiva sobre México a negativa el 12 de mayo de 2026, y analistas de las principales casas financieras mexicanas ya anticipaban la acción de Moody’s. En ese sentido, la rebaja no fue sorpresa técnica. Sí fue sorpresa de calendario: los mercados esperaban que Moody’s actuara, pero no tan pronto después de S&P, y la combinación de dos señales negativas en diez días multiplicó el impacto sobre el peso y los bonos.
Los tres argumentos de Moody’s
Moody’s sustentó la rebaja en tres factores concretos: el debilitamiento sostenido de la solidez fiscal que se aceleró en 2024 y que prevé persistirá, el gasto público rígido combinado con una base de ingresos limitada, y el apoyo continuado a Pemex, que limita la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento. El número más duro es el de Pemex: el gobierno destinó alrededor de 35,000 millones de dólares a la petrolera en 2025, equivalente a cerca del 1.9% del PIB, y presupuestó apoyos adicionales para 2026. Eso es dinero que no va a infraestructura, educación ni salud, y que engrosa la deuda sin generar retorno fiscal proporcional. Moody’s proyecta que la deuda pública llegará al 55% del PIB para 2027, frente al 49.3% registrado en 2025.
Lo que significa para tu dinero en términos concretos.
Cuando una calificadora importante baja la nota soberana de un país, ocurren tres efectos concretos en cadena. Algunos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión. Una nueva rebaja podría generar ventas masivas de bonos mexicanos, lo que encarecería el financiamiento del gobierno y presionaría al alza las tasas de interés domésticas. El segundo efecto es cambiario: más riesgo percibido implica menor demanda de pesos, lo que debilita la moneda y encarece las importaciones, añadiendo presión inflacionaria. El tercero es sobre el crédito privado: si el gobierno paga tasas más altas para financiar su deuda, ese piso más alto se traslada al costo del crédito empresarial e hipotecario en todo el sistema financiero. Para el consumidor mexicano, la cadena es directa aunque invisible: calificadora baja nota, peso se debilita, gasolina y alimentos importados suben, inflación no cede, Banxico no baja tasas, crédito sigue caro.
La respuesta de Hacienda y lo que la perspectiva estable significa
En un comunicado, el gobierno reconoció la acción de Moody’s y destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana. Hacienda resaltó el ajuste fiscal realizado en 2025, equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995, así como resultados del primer trimestre de 2026: un déficit presupuestario menor al previsto, un superávit primario de 98,000 millones de pesos y ahorros de 47,000 millones de pesos en el costo financiero de la deuda. El argumento de Hacienda es técnicamente válido: el esfuerzo fiscal de 2025 fue real y medible. El problema es que Moody’s no lo consideró suficiente para cambiar la trayectoria de la deuda. La perspectiva estable que acompaña la rebaja sí es una señal positiva concreta: implica que la agencia no anticipa cambios adicionales en la calificación durante los próximos 18 meses, lo que le da al gobierno margen para demostrar que puede estabilizar las finanzas públicas sin otra rebaja encima. Ese margen de 18 meses es el mismo periodo en que se negociará el T-MEC, se disputará el Mundial y se definirá si la inversión privada regresa a los niveles que el crecimiento requiere.
