La reciente marcha en contra de la gentrificación que se realizó el 6 julio debido al aumento de extranjeros en tierras mexicanas y el alza de precios en las viviendas ha causado revuelo. Entre carteles y destrozos, la ciudad se manifestó, abriendo el debate de ¿quién tiene derecho a habitar la ciudad? ¿Y quién está encareciéndola?.
En la Ciudad de México, son cada vez más frecuentes los casos de racismo y clasismo, relacionados a la gentrificación y a el aumento de extranjeros especialmente en zonas céntricas de la ciudad. En respuesta, los ciudadanos se han manifestado de diferentes formas, desde actos violentos ante viviendas ocupadas por foráneos hasta diversas formas de reclamar el espacio público como propio, como en el caso de Sinaloa en donde los ciudadanos comenzaron a llevar bocinas a las playas, con música regional a todo volumen frente a turistas extranjeros.
El episodio más mediático, fue el de la marcha en contra de la gentrificación que sucedió recientemente en Ciudad de México, la marcha se promulgó pacífica, buscaba una mejora en la alza de precios en viviendas y denunciar la especulación inmobiliaria, sin embargo, la marcha tuvo un giro que terminó en violencia y destrozos principalmente a comercios y viviendas, muchas de ellas pertenecientes a mexicanos.
Ante los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el acto como un “error de enfoque” y condenó las expresiones de xenofobia, “No vamos a permitir ningún acto de odio. México ha sido siempre un país hospitalario, pero también vamos a defender el derecho a la vivienda y a la ciudad para todos”, declaró durante una conferencia en Palacio Nacional.
Airbnb y los nómadas digitales
Con el tiempo el término “gentrificación” ha ido perdiendo valor, su significado se refiere al proceso en el que zonas urbanas son desplazadas por grupos de mayor actividad económica, elevando precios y expulsando a los habitantes originales. En palabras de la urbanista Alejandra Spitalier, “la gentrificación en México es menos vistosa que en otras ciudades, pero más brutal: tiene un rostro de desigualdad estructural, no de renovación”.
Sin embargo, hay que entender que la gentrificación no es exclusiva de los extranjeros, Ruth Glass, socióloga y la responsable del término, describe el fenómeno como, “Una transformación física y social de un espacio, que tiene que ver con inversión del sector inmobiliario y comercial, o con intervenciones públicas o privadas”.
Pero entonces, ¿Quienes son los responsables? Ante un fenómeno de esta magnitud es difícil señalar un solo responsable. Con la llegada de la pandemia en 2020 y el aumento de los nómadas digitales, las plataformas de vivienda temporal comenzaron a tener un impacto significativo en este fenómeno. La falta de políticas públicas, el aumento de precios y el déficit en viviendas, además de la evidente desigualdad socioeconómica que sufre este país están relacionadas con que este problema persista.
Sheinbaum garantiza el Derecho a la vivienda
En 2022, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con Airbnb y la UNESCO para promover la ciudad como destino para nómadas digitales. El objetivo era atraer inversión y fomentar el turismo creativo. Lo que no se midió del todo fue el impacto en el precio de la vivienda.
La periodista Georgina Zerega lo resume para El País: “El gobierno local abrió las puertas a Airbnb sin mecanismos de control, y ahora enfrenta las consecuencias de haber convertido zonas enteras en hoteles sin regulación clara”.
Sin embargo, ante la reciente marcha, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, condenó la xenofobia y destacó la importancia de la vivienda segura para todos. “La Ciudad de México siempre ha sido una ciudad hospitalaria”, declaró, “pero también debe garantizar el derecho a la vivienda para todos”. Acompañada por Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la CDMX, Sheinbaum anunció una estrategia nacional para regular el alquiler de corto plazo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La estrategia busca limitar la cantidad de propiedades por persona que se puedan rentar y mantener un control de impuestos más estricto.
