La compañía israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje Pegasus. Desde la administración de Felipe Calderón, se utilizó en México y su uso se incrementó considerablemente durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Existen ejemplos registrados de acciones realizadas a periodistas, activistas y políticos.
Gasto sin claridad
En la gestión de Peña Nieto, se habrían asignado millonarios recursos públicos para la adquisición de Pegasus. Los documentos divulgados y declaraciones durante un juicio en Israel señalan que se abonaron sobornos de 25 millones de dólares. Estos pagos se realizaron a cambio de acuerdos para comercializar el software de espionaje en México.
En el ámbito local, la Fiscalía General de la República (FGR) se encarga de investigar el posible soborno al ex mandatario Peña Nieto. Han pedido asistencia a Israel para conseguir los documentos requeridos.
Efecto en la confianza y la inversión
La ausencia de claridad en la adquisición de programas de espionaje provoca la impresión de autoritarismo, deteriorando la confianza de inversionistas tanto nacionales como foráneos.
Hay peligro de perder la reputación positiva en México y ser considerado un país en el que el Estado puede espiar a periodistas y activistas. Esto lo convierte en menos interesante para inversiones que aprecian la libertad de expresión y los derechos digitales.
Además, impacta en una reducida cooperación internacional, dado que el escándalo de espionaje podría obstaculizar alianzas, financiación y tecnología global enfocados en la seguridad pública o en inversiones innovadoras.
Costos imperceptibles y necesidad de controles.
La ausencia de claridad en estos acuerdos puede provocar un uso indebido de fondos públicos, además perjudica la reputación y la competitividad de la nación.
Para restaurar la confianza en el gobierno, es necesario un mayor acceso público a los acuerdos de espionaje. Además, es necesario incluir un resumen de las cantidades, proveedores y procedimientos de adquisición. Además, resulta crucial contar con controles judiciales y auditorías autónomas. Estas auditorías deben evaluar las adquisiciones previo y posterior a su aprobación. Además, deben haber sanciones explícitas para los culpables en caso de anomalías.
