Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra dos empresarios mexicanos por presuntamente sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios
Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos  presentó cargos contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos residentes Texanos, por haber pagado presuntamente sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021. 

Según las autoridades estadounidenses, ambos empresarios ofrecieron aproximadamente 150,000 dólares en efectivo, bienes de lujo y otros objetos de valor para obtener contratos millonarios con la petrolera mexicana.

Rovirosa Martínez, quien ya ha sido detenido, está vinculado a organizaciones criminales mexicanas, mientras que Ávila Lizárraga permanece prófugo. Ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Con amenaza de penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo. Los contratos obtenidos mediante estos sobornos suman un total de 2.5 millones de dólares para empresas asociadas a Rovirosa .

En un intento del gobierno estadounidense por combatir la corrupción más allá de los carteles del narcotráfico, y en un contexto en el que las afectaciones recaen directamente en las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero. Se abre la puerta a la investigación de diferentes instituciones financieras.

Por el momento, Pemex no ha emitido comentarios oficiales al respecto. Mientras enfrenta una situación financiera crítica que el gobierno de Claudia Shinbaum intenta estabilizar mediante un fondo de contención.

La acusación se suma a otros casos de corrupción en Pemex. Como el escándalo de Odebrecht, que involucró pagos ilícitos para obtener contratos de obras públicas entre 2010 y 2014 .

Este desarrollo resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ademas de la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la supervisión y control en el sector energético.

 

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