Francia está evaluando la posibilidad de convertirse en uno de los primeros países en crear una reserva nacional de Bitcoin, algo que pocos anticiparon. La propuesta de adquirir hasta el 2 % del suministro mundial de Bitcoin, alrededor de 420.000 monedas, durante un periodo de siete u ocho años, fue presentada en octubre de 2025 por los legisladores del partido Unión de la Derecha y del Centro (UDR), liderados por Éric Ciotti.
De acuerdo con el documento que se presentó a la Asamblea Nacional, la meta es evidente: convertir al Bitcoin en un activo estratégico, similar a un “oro digital”, para reforzar así la soberanía financiera de la nación y aumentar sus reservas más allá del oro y las divisas convencionales.
La manera en que planean hacerlo
El programa francés incluye un plan de adquisición a largo plazo que se proyecta a lo largo de siete u ocho años, utilizando diferentes métodos de financiación y adquisición. Algunas de las medidas más notables son:
- Utilizar la energía sobrante a nivel hidroeléctrico y nuclear para impulsar un proyecto de minería pública de Bitcoin, lo cual permitiría aprovechar de manera productiva la energía no utilizada.
- Mantener las criptomonedas que se confisquen en los procesos judiciales, en vez de venderlas al mejor postor como es la práctica actual.
- Utilizar instrumentos convencionales, como el LDDS y el Livret A, para orientar una parte del ahorro de los ciudadanos con la finalidad de llevar a cabo adquisiciones automáticas y continuas de Bitcoin.
- Se está evaluando la opción de pagar algunos impuestos con Bitcoin, incluso en una etapa temprana; para ello, es necesario que el Consejo Constitucional de Francia lo apruebe.
Paralelamente, quienes impulsan el plan afirman que su objetivo no es sustituir el sistema financiero existente, sino poner al día las reservas del Estado con una fracción de activos digitales con un valor verificado y con una aceptación creciente en todo el planeta.
La ley propuesta no se limita a la mera conservación de Bitcoin. Los legisladores sugieren promover la utilización de stablecoins que estén garantizadas con euros como forma de pago cotidiana en el país.
Por otro lado, buscan examinar la regulación de criptoactivos en Europa, en particular la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), para promover que las entidades adopten el Bitcoin y los activos digitales en general más ampliamente.
Los impedimentos: política, volatilidad y legalidad.
La propuesta ha generado controversia debido a su audacia, pero no será fácil que se apruebe. El UDR tiene solamente 16 de los 577 escaños disponibles en la Asamblea Nacional, lo que implica que requerirá el respaldo de varias bancadas para avanzar.
Asimismo, existen asuntos constitucionales complicados: si se permitiera que los impuestos se pagaran en Bitcoin, las leyes fiscales y monetarias tendrían que ser modificadas, lo cual es un proceso que lleva tiempo y suscita sensibilidad política.
La inestabilidad en el mercado de las criptomonedas y las críticas sobre el impacto medioambiental que genera la minería son los factores que generan incertidumbre en un sector político acerca de si es conveniente incluir Bitcoin en las reservas soberanas de una nación. De acuerdo con ciertos analistas, si el Bitcoin es considerado como un activo de reserva “normal”; el Estado podría verse afectado por alteraciones en su valor que serían complicadas de justificar desde el punto de vista presupuestario.
¿Qué sucedería si Francia lo consigue?
Si el plan se ejecutara y Francia adquiriera efectivamente 420.000 BTC, las consecuencias serían enormes. Inicialmente, enviaría una señal de demanda institucional sin precedentes, lo que posiblemente provocaría que el valor del Bitcoin alcanzara cimas inéditas y se consolidara como “oro digital”.
Igualmente, podría motivar a otras naciones de Europa a tomar un rumbo parecido, iniciando así una nueva fase de competencia estratégica en activos digitales dentro de la Unión Europea. Varios analistas ya mencionan la posibilidad de una “competencia por el Bitcoin” en Europa, sobre todo si Italia, Alemania o España inician conversaciones sobre políticas similares.
Con esta medida, el ecosistema cripto de Francia contaría con un respaldo legal sin igual, lo que permitiría atraer a empresas mineras, inversores y operadores globales al país y situar a Francia como un núcleo europeo para la innovación en blockchain.
No obstante, también surgirían nuevos retos: cómo asegurar la custodia de los fondos, cómo contabilizar las reservas sin comprometer al erario debido a la fluctuación y cómo administrar la coexistencia entre un sistema monetario centralizado y un activo que es intrínsecamente descentralizado.
La propuesta aún se encuentra en discusión, pero su mera existencia es una señal: los países comienzan a considerar el Bitcoin no como una amenaza, sino como una herramienta de poder económico.
