El lunes, la Secretaría de Hacienda publicó su reporte bimestral al Congreso y enterrado entre las tablas hay un dato que no debería pasar desapercibido: la inversión productiva del gobierno federal cayó 44.9% en términos reales entre enero y febrero de 2026, la mayor caída desde 1991, el año desde el que hay registros comparables. Para dimensionarlo mejor: en el primer bimestre del año, el sector público federal destinó apenas 87,073 millones de pesos a infraestructura y bienes tangibles. En ese mismo periodo, el costo financiero de la deuda, es decir, lo que el gobierno pagó solo en intereses, fue de 157,200 millones de pesos. México gastó casi el doble en pagar intereses que en construir infraestructura.
¿Dónde cayó más fuerte?
Los números sectoriales son aún más reveladores. La inversión en energía se desplomó 75.3% en términos reales, con el sector hidrocarburos cayendo 78% y el eléctrico 6%. Comunicaciones y transportes registró una caída del 65.7%. Si se excluye a Pemex del cálculo, la inversión física habría subido 5.4%, lo que indica que el problema está concentrado en las empresas productivas del Estado. Hacienda justificó la caída argumentando que responde a la “implementación de un nuevo esquema de inversión pública y mixta, derivado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Bienestar”, aprobada el 26 de marzo. El problema de esa explicación es que la ley se aprobó casi un mes después del periodo reportado, enero y febrero.
El contexto que hace el dato más preocupante
Esta caída no llega sola. Llega en un año en que la economía mexicana ya venía débil: la actividad económica cayó 0.9% mensual en enero, el peor inicio de año desde 2009. El crecimiento del PIB para 2026 se proyecta entre 1.6% y 1.8% según Banamex y BBVA, cifras modestas para un país que necesita generar empleos formales al ritmo que crece su población. La deuda pública en su medida más amplia cerró febrero en 18.6 billones de pesos, con un crecimiento real del 2.2%. El déficit público del primer bimestre fue de solo 23,600 millones de pesos, una reducción notable respecto a los 128,100 millones del mismo periodo del año pasado, pero lograda a costa de recortar precisamente la inversión que más falta hace.
¿Por qué deberías prestarle atención?
La inversión pública en infraestructura no es solo gasto, es semilla. Cada peso que el gobierno invierte en carreteras, plantas eléctricas, agua potable o conectividad tiene un efecto multiplicador sobre la economía privada: facilita que las empresas produzcan más barato, que las mercancías lleguen más rápido y que las regiones alejadas se integren a los mercados. Cuando esa inversión colapsa al nivel más bajo en 35 años, el mensaje para el sector privado es complicado: si el gobierno no pone, el privado tampoco tiene infraestructura donde montar su inversión. La nueva Ley de Infraestructura apunta en la dirección correcta, pero los números del primer bimestre muestran que, por ahora, la transición al nuevo modelo está dejando un vacío real. Y ese vacío lo van a pagar, en algún momento, los empleos que no se crearon y las obras que no se hicieron.
