El gobierno de México lanzó un plan de inversión público-privada (APP) por 5.6 billones de pesos con horizonte a 2030, enfocado en infraestructura, energía, transporte y proyectos estratégicos.
El anuncio, presentado por la Secretaría de Hacienda, contempla 722 mil millones de pesos en inversión tan solo para 2026 y vino acompañado de un mensaje optimista: el gobierno estima que, de ejecutarse conforme a lo previsto, el programa podría elevar el crecimiento económico del país a un rango de 2.5% a 3% en 2026, por encima de lo que hoy anticipa el consenso de analistas privados.
Inversión enfocada en sectores clave
Los recursos se canalizarán principalmente a energía, trenes y transporte ferroviario, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, agua y saneamiento y educación, con el objetivo de fortalecer la infraestructura productiva, reducir rezagos regionales y elevar el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo.
De acuerdo con Hacienda, a lo largo del sexenio el esfuerzo acumulado de inversión pública adicional alcanzará 5.6 billones de pesos, concentrados en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico y social del país.
Un modelo de inversión con participación privada y social
Un elemento central del plan es el modelo de inversión, que prioriza la inversión pública como eje rector, pero permite la participación del sector privado y del sector social bajo esquemas específicos. Se trata de proyectos donde el Estado conserva la rectoría, no cede concesiones estratégicas y evita esquemas de financiamiento con tasas de interés elevadas que comprometan las finanzas públicas a largo plazo.
El enfoque, según Hacienda, responde a un modelo de crecimiento con justicia social, orientado al desarrollo sustentable, en el que la infraestructura no solo busca rentabilidad financiera, sino impacto económico, social y regional.
Planeación técnica y financiera
El titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, explicó que el plan se construyó a partir de un análisis técnico y financiero de más de 1,500 proyectos, con criterios de viabilidad económica, impacto social, madurez técnica y alineación con los objetivos de desarrollo del país.
Para su ejecución, la estrategia se apoya en cuatro pilares institucionales:
1. Consejo de Planificación Estratégica de la Inversión: es liderado por la Presidencia, para priorizar proyectos, monitorear y destrabar cuellos de botella.
2. Nuevos modelos de inversión: diseñados específicamente para canalizar recursos a proyectos de infraestructura, con la intención de mejorar la transparencia, hacer más eficiente el uso del dinero y mantener bajo control los costos.
3. Actualización del marco legal: contempla ajustes a la normatividad vigente para alinearla a las nuevas necesidades del programa e incorporar contratos mixtos, lo que permitirá una participación más flexible entre el sector público, privado y social.
4. Base de datos nacional de proyectos: para mejorar la planeación, generar métricas comparables y proporcionar información a posibles inversionistas.
Efecto macroeconómico esperado
Desde la perspectiva oficial, la mayor inversión pública intentará reactivar la formación bruta de capital fijo, el elemento más flojo de la demanda en años recientes, y llevar el PIB a crecer entre 2.5% y 3% anual en el mediano plazo.
Por otro lado, la inversión en infraestructura suele tener efectos multiplicadores sobre el empleo, la actividad productiva y la productividad en sectores como el transporte, la energía y la construcción.
Una apuesta de ejecución, no de publicidad
Más allá de la magnitud del programa, el mercado estará atento a la ejecución. La historia reciente nos dice que el resultado de estos planes no está en lo que se anuncia, sino en tener calendarios precisos, licitaciones transparentes, seguridad jurídica, disciplina en la ejecución.
La apuesta por la inversión pública sin concesiones generalizadas ni endeudamiento caro disminuye los riesgos fiscales, pero aumenta la exigencia de eficiencia en el gasto. Si los proyectos avanzan conforme a lo planeado, el plan puede convertirse en un ancla relevante para el crecimiento y la estabilidad económica. Si no, los efectos se perderán en el tiempo.
Por ahora, el plan de inversión público-privada coloca nuevamente a la inversión en el centro del debate económico. No garantiza crecimiento por sí solo, pero marca un cambio de tono y abre la puerta a una relación más pragmática entre el Estado y el sector privado. En un entorno global incierto, esa señal es la que hoy están observando con atención los mercados.
