Este jueves por la mañana la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un bloqueo de 22 cuentas bancarias. Todas pertenecientes a personas y empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa “Los Mayos”.
La operación se llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
UIF bloquea 22 cuentas por vínculos criminales
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de las 22 cuentas bancarias vinculadas, siete pertenecen a personas físicas y quince a empresas. Esta acción surge en respuesta a la lista negra emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde tanto los individuos como compañías involucradas fueron acusados de brindar apoyo económico y logístico al Cartel “Los Mayos”.
Todo forma parte de una red de lavado de dinero que opera en México y Estados Unidos. Utilizando negocios “legales” como fachada para mover recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Dichas acusaciones involucran a Jesus Gonzales Lomeli como el principal beneficiario financiero para estas operaciones. Un empresario con influencia en el sector turístico, restaurantero y de entretenimiento en Baja California.
Empresas usadas como fachada en Baja California
Los recursos que Gonzales, Lomeli ha utilizado para actividades ilícitas involucran diversos negocios en Rosarito, Baja California. Entre ellos bares, restaurantes, clubes nocturnos y resorts.
Además de Lomeli, en la lista aparecen Hilda Araceli Brown, diputada de Morena en Baja California, así como Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, reportados como colaboradores cercanos de Lomeli.
El bloqueo administrativo: una medida preventiva
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró que el bloqueo de las cuentas se trata de una herramienta preventiva. Se presenta dentro de la legislación mexicana como una forma de suspender de manera inmediata el acceso a recursos sospechosos. Con el fin de realizar una investigación profunda. De ninguna forma se debe interpretar como una sentencia judicial ni como la confirmación de delitos cometidos.
Su objetivo es interrumpir cualquier operación financiera que pudiera estar relacionada con el crimen organizado. Según la IUF dicha medida sirve como un “candado temporal” en tanto se revisa el origen y el destino del dinero. Sin embargo en caso de que los análisis financieros confirmen la aparición de operaciones ilícitas, se le notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúen con la investigación y tomen las medidas necesarias.
Cooperación internacional contra el lavado de dinero
Esta medida demuestra el compromiso que tiene México en reforzar la cooperación internacional y proteger el sistema financiero mexicano. Evitando fuentes de financiación que provengan del crimen organizado. Además pone en foco la importancia de la transparencia en operaciones bancarias tanto particulares como empresariales.
