La propuesta de Donald Trump de restringir las tasas de interés de las tarjetas de crédito provocó un debate amplio que trasciende el alivio financiero para los clientes. Modificar el costo del dinero plástico en una nación donde el crédito es parte de la rutina diaria significa intervenir en uno de los mecanismos más delicados de la economía de Estados Unidos.
Más de 190 millones de personas en Estados Unidos poseen hoy en día al menos una tarjeta de crédito, y cerca de 125 millones continúan con saldos pendientes mes tras mes. La deuda total de las tarjetas ha sobrepasado 1.1 billones de dólares, lo cual representa un récord que manifiesta la robustez del consumo, pero también la vulnerabilidad financiera de gran cantidad de familias. En esta situación, se ha vuelto una carga difícil de soportar una tasa media anual que ronda el 21 %–22 %, y en ciertos casos supera el 25 %.
¿Por qué el asunto se transformó en un tema político?
Trump propone poner un límite a esas tasas, argumentando que el sistema financiero ha encarecido el crédito hasta niveles excesivos. Desde su perspectiva, fijar un límite a los intereses posibilitaría que las familias respiraran, disminuyeran la presión mensual y recuperaran capacidad de gasto. El mensaje se relaciona con una realidad específica: hoy, para millones de individuos, la mayor parte del ingreso disponible se destina a intereses, no a ahorro o consumo.
Sin embargo, la medida no es solamente económica; en gran medida también está relacionada con la política. En Estados Unidos, de manera tradicional, el mercado establece el precio del crédito. Este es influido de forma indirecta por la política monetaria de la Reserva Federal y no por determinaciones directas del Poder Ejecutivo. Por eso, la idea de establecer un límite desde el poder político provoca preocupaciones acerca del alcance de la intervención del estado.
El efecto inmediato en los hogares que tienen deudas
Para los clientes, el impacto sería inmediato. Una vivienda con una deuda de 8,000 dólares en tarjeta de crédito que paga un interés del 22 % destina anualmente cientos de dólares solamente a intereses. Una mayor reducción de ese monto podría lograrse si se establece un límite más bajo, lo que liberaría recursos que actualmente se pierden en el servicio de la deuda.
Ese dinero liberado no se destina normalmente al ahorro, sino al consumo diario. Las pequeñas compras discrecionales, el transporte, los alimentos y los servicios son las primeras cosas que se benefician. En un país en el que la cifra de consumo equivale a aproximadamente el 70 % del PIB, cualquier medida que fomente el gasto tiene un impacto macroeconómico significativo.
Consumo discrecional: Un alivio con dos caras
Desde la perspectiva del consumo, la restricción de tasas podría actuar como un incentivo indirecto. La posibilidad de gastar más, particularmente en bienes no esenciales que suelen ser los primeros recortados cuando se ajusta el presupuesto, significa menos presión financiera.
No obstante, hay un riesgo evidente. Si el crédito se torna artificialmente más económico sin una modificación proporcional de los ingresos, podría promover un incremento en la deuda. La historia demuestra que el problema no radica en la posibilidad de acceder al crédito, sino en su utilización extendida como reemplazo del ingreso real. En esa situación, la ayuda inicial podría convertirse en una acumulación de deuda más grande.
El enfrentamiento con la lógica del sistema financiero.
Para los emisores de tarjetas y los bancos, establecer límites a las tasas no es una decisión neutral. Las tasas elevadas equilibran el peligro de impago y respaldan un negocio que depende de millones de clientes con perfiles financieros muy diversos. Un límite inflexible podría hacer que las entidades limiten el crédito, sobre todo para los clientes con menos historial o ingresos más inestables.
Eso generaría una paradoja: tasas de interés más reducidas, pero menor acceso a los créditos para quienes los requieren con mayor urgencia. Asimismo, las entidades podrían desplazar el costo hacia otros cargos, comisiones o requisitos más rigurosos, lo que haría que parte del beneficio prometido se disuelva.
El aspecto más sensible: la independencia de la política económica
El debate esencial no se centra solamente en cuánto abonan los clientes, sino también en quién establece el precio del crédito. En EE. UU., la política económica se fundamenta en un sutil balance entre el poder político y la independencia de entidades como la Reserva Federal. Si el Ejecutivo empieza a establecer límites directos para tasas determinadas, esa estabilidad se ve comprometida.
La credibilidad de la Fed se fundamenta en la idea de que las condiciones económicas cambian a través de mecanismos técnicos y no mediante decisiones populistas a corto plazo, aunque esta institución no tiene control sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Una intervención directa de la Casa Blanca podría sentar un precedente que vuelva el sistema financiero aún más político.
