Un decreto con efectos inmediatos
El gobierno mexicano declaró el 11 de noviembre que se implementarían nuevos aranceles para la importación de azúcar. Las tasas llegarán hasta el 210.44% para los productos refinados y un 156% para la mayoría de los azúcares que vienen de caña o remolacha. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la medida y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esta entrará en vigor al comenzar la campaña azucarera 2025/26, con el objetivo de resguardar a los productores del país frente a una posible sobreoferta y a la baja de los precios internacionales.
Según el gobierno, la fuerte caída en los precios internacionales de azúcar podría generar una entrada masiva de este producto al país, lo que haría que la producción nacional se viera afectada.
Un sector que persigue la estabilidad
En los últimos tres años, México ha importado más de un millón de toneladas de azúcar, lo que constituyó una cifra sin precedente que ejerció presión sobre los precios internos y erosionó los márgenes de ganancia de las fábricas. Esto es distinto de la producción promedio nacional, que se sitúa alrededor de las cinco millones de toneladas al año, con más de cuatro millones destinadas a la demanda interna. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que, para el ciclo 2025/26, la producción en México podría llegar a ser de entre 5.094 y 5.2 millones de toneladas, lo cual significaría una recuperación con respecto a los cerca de 4.7 millones del ciclo previo.
La industria azucarera de México, que está presente en más de una docena de estados y cuenta con más de 500,000 empleos directos e indirectos, se considera una de las más antiguas y socialmente relevantes del país. Sin embargo, desde hace años lidia con un equilibrio inestable entre los precios internacionales, la competencia externa y las variables climáticas. En ciertos ciclos recientes, las plagas, las heladas y las sequías han hecho que la producción de caña y remolacha disminuya hasta en un millón de toneladas.
Tensiones internas y aumento de las importaciones
A pesar de que, a lo largo de la historia, México ha sido un exportador neto de azúcar, sobre todo hacia Estados Unidos, la realidad en los años recientes modificó este escenario. El incremento de las importaciones, motivado por la bajada de precios internacionales, generó tensiones en el sector. Los productores locales denunciaron una “competencia desleal” y solicitaron al gobierno un plan de rescate para asegurar la supervivencia de los ingenios y el campo cañero.
El Ejecutivo reaccionó con aranceles que se implementarán a todas las naciones con las que México no sostiene tratos de comercio preferencial. De acuerdo con el Ministerio de Economía, la finalidad es “proteger el empleo rural, asegurar una competencia justa y estabilizar los precios internos”.
La importancia de la política azucarera en México
En cuestiones estructurales, al año México consume aproximadamente 4.57 millones de toneladas de azúcar. Con una producción que apenas supera esa cifra, el equilibrio del mercado interno se ve afectado de inmediato cuando las importaciones aumentan. Asimismo, el país tiene que conservar su cuota de exportación hacia Estados Unidos según las condiciones del pacto comercial bilateral, lo cual disminuye la capacidad para absorber excedentes o equilibrar déficits. Para el ciclo anterior, el precio internacional promedio del azúcar cruda era de 400 dólares por tonelada, el costo nacional es de 900 dólares. Con el arancel, el azúcar importada se situará en más de 1,000 dólares. Algo similar pasa con el azúcar refinada.

Mayoreo CEDAS (mercado interno), Contrato 16 (mercado estadounidense), Contrato 11 (estándar internacional). fuente: Gobierno de México
Por lo tanto, los aranceles actúan como una protección temporal. De acuerdo con los analistas del sector, esta medida posibilitará sostener el empleo en áreas de caña, estabilizar las ganancias de los productores a corto plazo y brindar oxígeno a los ingenios nacionales. No obstante, señalan que los impactos podrían no perdurar si no se implementan políticas de modernización tecnológica, optimizaciones en la productividad y proyectos para gestionar el agua de manera sostenible, sobre todo en zonas damnificadas por sequías.
¿Qué consecuencias tendrá todo esto?
En el corto plazo, tiene la posibilidad de beneficiar a los productores nacionales, dado que tendrán un entorno más resguardado ante la competencia internacional. Si las importaciones tienen mayores costos, los gastos internos podrían mantenerse en niveles más rentables, lo que favorecería la situación económica de las fábricas. Si los márgenes de rentabilidad se mantienen estables, también se prevé un incremento en la inversión local en las áreas de almacenamiento, transporte y maquinaria.
Por otro lado, si la competencia externa disminuye, es posible que se produzcan aumentos en el precio del mercado interno, los cuales repercutirían en el consumidor final. Las industrias que emplean azúcar como materia prima, desde las que producen alimentos procesados y refrescos hasta las de dulces y panificación, podrían experimentar un incremento en sus costos. Esto podría tener efectos potenciales en la inflación.
Asimismo, la decisión podría deteriorar las relaciones comerciales con naciones que exportan azúcar, en particular con aquellas que no tienen un pacto de libre comercio con México. Según han alertado ciertos analistas, el proteccionismo podría tener un efecto boomerang si se convierte en represalias comerciales en un mundo donde las cadenas de suministro están cada vez más interconectadas.
Entre la modernización y la protección
La acción del gobierno de México se inscribe dentro de una estrategia más extensa que busca robustecer la producción nacional y reemplazar las importaciones. Sin embargo, la opinión común entre los expertos es evidente: el verdadero poder del sector no estará en los aranceles, sino en su habilidad para innovar, mejorar la eficiencia y diversificar sus mercados.
Si la nación consigue sostener una producción superior a los 5.2 millones de toneladas y mejora su rendimiento agrícola, el escenario a mediano plazo podría estabilizarse. No obstante, si elementos externos como la fluctuación de precios internacionales, el cambio climático o los costos energéticos modifican el equilibrio, México podría enfrentarse nuevamente a la disyuntiva de preservar su industria o mantener precios asequibles para los consumidores.