En un movimiento sin precedentes, The Walt Disney Company invertirá 1,000 millones de dólares en OpenAI en un nuevo acuerdo de colaboración y licencia de tres años.
Esta asociación le dará acceso a OpenAI a más de 200 personajes icónicos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars para usarlos en material creado con IA, como los videos generados con Sora y las herramientas de ChatGPT.
El movimiento marca un cambio para Disney, que anteriormente había rechazado el uso no autorizado de sus materiales por parte de herramientas de IA. Ahora, al licenciar oficialmente estos personajes, la empresa pretende regular la manera en que su propiedad intelectual es utilizada en el mundo digital y encontrar nuevas formas de interactuar con el público.
Los usuarios podrán hacer vídeos y contenido propio con personajes como Mickey Mouse, Iron Man, Ariel o Darth Vader, pero el acuerdo no incluye las voces ni la imagen real de los actores que doblan a esos personajes. Esta disposición salvaguarda los derechos de los artistas y previene la generación de copias digitales no autorizadas.
Efecto en actores y creativos
La incursión de Disney en la IA ha abierto debates interesantes en la comunidad artística. Si bien la medida contempla excepciones para evitar el uso de voces e imágenes de actores, la creciente presencia de la IA generativa en la creación de contenidos abre la puerta a dudas sobre el futuro del trabajo, los contratos y la remuneración en proyectos subvencionados por estas tecnologías.
La adaptación de la industria a estas nuevas tecnologías será determinante para establecer cómo se valorará el trabajo humano frente a las versiones generadas por IA.
Este movimiento también se hace eco de un cambio mayor en Hollywood, donde estudios y empresas tecnológicas están reevaluando su postura sobre la IA y explorando modelos de colaboración que respeten los derechos creativos y abran la puerta a nuevas experiencias interactivas.
Para actores, escritores y demás artistas del espectáculo esto significa oportunidades innovadoras, pero también la necesidad de renegociar contratos colectivos para obtener pago y crédito por el trabajo utilizado por nuevas tecnologías.
