El 25 de marzo, en medio del ruido de la guerra de Irán y las negociaciones de Islamabad, la Cámara de Diputados aprobó con 458 votos una reforma constitucional que modifica el Artículo 127 para topar las pensiones de personal de confianza en organismos públicos. Protestas afuera del Congreso, jubilados que intentaron irrumpir al pleno, consignas contra Sheinbaum. La reforma pasó sin modificaciones. El 10 de abril se publicó en el DOF y quedó formalmente en vigor. Esta semana llegaron los primeros estados de cuenta con los montos recortados.
Los números concretos
Para que quede claro el impacto: en Pemex hay 544 personas que recibían pensiones superiores al salario presidencial, con un gasto anual de 1,827 millones de pesos. En CFE son 2,199 pensionados, con un costo de 4,496 millones de pesos anuales. En Banobras son 19 personas, con 37 millones anuales. El gobierno proyecta ahorros totales de 5,000 millones de pesos al año. El límite queda en 67,145 pesos netos mensuales como pensión máxima. Para quien cobraba 150,000 o 170,000 pesos, el recorte es brutal. Pero el problema que está generando más conflicto es que la reforma parece haberse aplicado a un universo más amplio que el que originalmente se identificó. El representante de jubilados de Pemex, José Luis Anzaldúa, lo dijo explícitamente: “Sin diferenciación, nos está afectando a más de los que supuestamente eran las pensiones doradas.”
El argumento constitucional que puede tumbarlo
La defensa legal de los jubilados descansa en el artículo 14 constitucional: ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Quienes se jubilaron bajo condiciones contractuales pactadas con el gobierno hace décadas argumentan que esas condiciones son derechos adquiridos que no pueden modificarse unilateralmente por una reforma constitucional posterior. Es el mismo argumento que históricamente han ganado trabajadores en la Suprema Corte en disputas sobre pensiones. El giro inusual aquí es que la reforma modificó directamente la Constitución, lo que hace más difícil impugnarla porque técnicamente, una norma constitucional no puede ser inconstitucional. El debate jurídico es si la retroactividad aplica también a reformas constitucionales. La Corte tendrá que opinar, y la respuesta no es obvia.
Lo que esto dice sobre las finanzas públicas de México
Más allá del debate jurídico, la reforma revela la presión que el gobierno federal siente sobre su posición fiscal. Con la inversión pública cayendo 44.9% en el primer bimestre, el gasto en deuda superando la inversión física y los ingresos petroleros bajo estrés por la volatilidad del Brent, 5,000 millones de pesos en ahorro anual no son un monto despreciable. Es equivalente a lo que cuesta construir varios hospitales regionales o sostener varios meses de apoyos sociales en estados pequeños. El gobierno de Sheinbaum también tiene el argumento político: es difícil defender que un jubilado de Pemex cobre más que la Presidenta de la República cada mes mientras millones de mexicanos viven con el salario mínimo. Ese argumento gana en las urnas aunque pierda en los tribunales.
