El canon digital, una cuota de hasta 2% sobre el precio de celulares, computadoras, tabletas y otros equipos capaces de almacenar o reproducir contenidos, volvió a la mesa: la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) impulsan una reforma al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor para cobrarlo.
Qué es la copia privada
Desde 1997, esa ley reconoce el derecho de autores, intérpretes y otros titulares a recibir una «remuneración compensatoria por copia privada», es decir, por las reproducciones de sus obras para uso personal, como grabar una canción con el celular. Casi tres décadas después, no existe un mecanismo para cobrarla.
Cómo se cobraría
De acuerdo con el proyecto de decreto que la Secretaría de Cultura compartió con empresas del sector:
- Quién paga: quien importe o comercialice los dispositivos.
- Cuándo: una sola vez por equipo, en el primer acto de comercio o importación en México.
- Cuánto: hasta 2% del precio de venta sin impuestos; los equipos más baratos pagarían menos en términos absolutos.
- Excepciones: equipos para exportación, compras del sector público y usos industriales y profesionales.
- Vigilancia: una comisión integrada por la Secretaría, el Indautor, las sociedades de gestión colectiva y las cámaras de la industria.
¿Subirán los precios?
Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), explicó que no se trata de un impuesto, porque el dinero no iría a las arcas públicas, sino a los titulares de derechos. Calcula una recaudación de unos 2,000 millones de pesos al año, pero reconoce que «al final los costos se trasladan a los consumidores» y que la medida puede verse como inflacionaria.
Sus detractores la llaman «moche digital», y organismos empresariales como la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) han advertido sobre sus posibles efectos jurídicos, económicos y comerciales.
Por qué no pasaría por el Congreso
Reglamento, no ley
Según Jalife, el cobro se haría mediante el reglamento, por lo que la decisión recaería en el Ejecutivo.
Qué falta
Antes de entrar en vigor, el proyecto debe pasar por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un análisis de costo-beneficio de la Secretaría de Hacienda y el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todavía no hay fecha ni lista definitiva de dispositivos.
