El huachicol fiscal dejó un hueco enorme en las finanzas públicas. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Gobierno de México informó que, como parte de su estrategia interinstitucional, detectó un desbalance en las facturas presentadas durante 2025 de 8 mil 824 millones de litros de combustible, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales. El anuncio se realizó este miércoles 21 de octubre en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para dimensionarlo: ese monto supera el presupuesto anual de la UNAM para 2026, de 59 mil 878 millones de pesos.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del robo de combustible en ductos, aquí no hay tomas clandestinas. Consiste en ingresar combustible desde Estados Unidos a México sin declararlo, o bajo clasificaciones arancelarias falsas, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El resultado: el Estado deja de recaudar y las empresas que sí pagan sus impuestos compiten en desventaja frente a quienes venden gasolina y diésel más baratos por haber evadido el gravamen.
¿Cómo se detectaron las anomalías?
Las inconsistencias se identificaron mediante la Plataforma Unificada para el Monitoreo de Combustibles, un sistema que rastrea las operaciones de las empresas dedicadas a la compra, venta, transporte y distribución de hidrocarburos. La plataforma integra información de 16 instituciones y cruza datos fiscales, regulatorios, operativos y de seguridad. Entre ellas figuran la Secretaría de Energía (Sener), Pemex, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF, la FGR y la Guardia Nacional.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que ahora las autoridades saben con claridad qué importador, comercializador, distribuidor y gasolinera vende combustibles sin un origen declarado en sus facturas.
¿Dónde está el problema?
No principalmente en la bomba de gasolina, sino en los intermediarios. El 72% del desbalance se acumuló en la comercialización, con 6 mil 352 millones de litros, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos. Las estaciones de servicio concentraron el 13% (mil 199 millones de litros), seguidas por las operaciones de importación con 645 millones de litros.
Por ello, Sheinbaum adelantó que se analiza incluso cambiar leyes para reducir la figura del comercializador, al que identificó como el eslabón que puede generar mayores desbalances.
¿Quiénes están bajo investigación?
El balance de sanciones alcanza a empresas en toda la cadena de suministro:
- Importadores: el SAT dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por vínculos con redes de huachicol fiscal.
- Comercializadoras: 2 mil 224 empresas fueron cerradas por vender combustible sin permiso y 175 fueron catalogadas como factureras.
- Gasolineras: se impusieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por fallas en sus controles volumétricos.
- Permisos: la Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos de expendio y comercialización, y mantiene otros 307 en procedimiento de sanción o revocación.
- Denuncias: el SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 127 casos por presunta defraudación fiscal.
La presidenta reconoció que aún faltan detenciones: algunas de las personas señaladas tienen doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, permanecen en Estados Unidos y ya se solicitó su extradición.
Aduanas y operativos
En el frente operativo, las autoridades evitaron la entrada ilegal de mil 952 millones de litros en aduanas, lo que permitió recuperar 13 mil 664 millones de pesos por IEPS evadido; las acciones se realizaron en 14 aduanas del país. Además, 2 mil 539 personas fueron presentadas ante las autoridades, se aseguraron 5 mil 572 vehículos —entre pipas, autotanques y carrotanques— y se incautaron 173.7 millones de litros de combustible.
¿Se está recuperando el dinero?
Según Sheinbaum, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 48 mil 411 millones de pesos adicionales por IEPS respecto a lo contabilizado en 2025. Las empresas señaladas tampoco tienen margen para corregir: al estar cerrado el ejercicio fiscal 2025, los registros ya no pueden modificarse y deberán ponerse al corriente con el pago de impuestos.
Eso sí, la cifra podría quedarse corta. La mandataria aclaró que los datos corresponden solo a su administración y no se comprometió a revisar años anteriores, aunque diversas versiones periodísticas apuntan a que algunas redes de huachicol fiscal operaban desde 2020.
Lo que sigue
El Gobierno federal trabaja en una plataforma pública para que cualquier persona pueda conocer qué empresas participan en la cadena de importación, comercialización y distribución de combustibles, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento. Mientras tanto, las instituciones involucradas revisan los avances de las investigaciones dos veces por semana y mantendrán la vigilancia durante 2026 para detectar desviaciones en tiempo real.
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