Por primera vez en un foro de este nivel, el Gobierno de México admitió que algunas desapariciones en México involucran a servidores públicos. La declaración se dio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y, aunque vino acompañada de un rechazo al procedimiento abierto por la ONU, reabre preguntas sobre investigaciones, responsabilidades y la atención a miles de familias que buscan a sus seres queridos.
¿Qué dijo México ante la ONU?
El reconocimiento lo hizo Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU celebrada el 20 de octubre. Ahí afirmó que actualmente existen desapariciones forzadas cometidas principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades del ámbito municipal. Añadió que en todos los casos es necesario investigar y sancionar.
Medina también marcó una diferencia con el pasado: aseguró que antes las desapariciones podían ordenarse desde las altas esferas del poder político, mientras que hoy son cometidas sobre todo por el crimen organizado y, en algunos casos, por autoridades municipales. Al mismo tiempo, el Gobierno rechazó que exista una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.
Es importante precisarlo: se trata de un reconocimiento general del Gobierno, no de una lista de casos con sentencia. El funcionario no detalló municipios, número de casos ni funcionarios procesados.
¿Por qué México estaba frente a la ONU?
La sesión ocurrió porque el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) llevó el caso mexicano a la Asamblea General. Para ello recurrió al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento que permite llevar situaciones especialmente graves ante la Asamblea General para movilizar atención y cooperación internacional. Es la primera vez en la historia que se activa este mecanismo.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, sostuvo que en México existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y de que esta práctica persiste. Sin embargo, aclaró que esa decisión no equivale a declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que el Comité no encontró indicios de una política federal destinada a cometer desapariciones.
La postura del Gobierno: reconoce, pero rechaza
México mantuvo su rechazo al procedimiento y reiteró que no comparte la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34.
Como parte de su defensa, el Gobierno destacó que durante 2026 se localizó a más de 16 mil personas, la mayoría con vida. Medina también mencionó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía y los mecanismos de identificación humana, además de la Línea Nacional de Búsqueda Inmediata, que opera las 24 horas.
Albán reconoció estos avances y felicitó al Gobierno por la localización de 16 mil personas, aunque recordó que más de 130 mil siguen desaparecidas según cifras oficiales y advirtió que persisten problemas estructurales.
Ya en México, este 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó las localizaciones a las reformas legales de 2025, las alertas y la búsqueda constante, y presentó la postura del Comité como un cambio de la crítica a la felicitación.
Las familias, fuera de la sala
Uno de los momentos más señalados de la sesión no ocurrió en el micrófono. Albán lamentó que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos, y pidió que el procedimiento no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas.
Organizaciones y familias ven el mecanismo de otra forma que el Gobierno. En una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, 51 activistas y organizaciones lo describieron como una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero que necesita ante una crisis que rebasa las capacidades del Estado.
La disputa por las cifras
El reconocimiento llega en medio de otra polémica: cuántas personas están realmente desaparecidas. En marzo, el Gobierno presentó una nueva interpretación de los más de 132 mil registros, según la cual solo alrededor de 43 mil casos, el 33%, se consideran sin actividad. Colectivos de búsqueda han cuestionado esta reinterpretación por falta de transparencia en la metodología y por haberse hecho sin su participación.
Justicia e impunidad: las preguntas que quedan
Admitir que funcionarios municipales han participado en desapariciones obliga a explicar qué sigue: cómo se investigará a quienes usaron su cargo para intervenir en estos hechos, qué sanciones habrá y qué controles evitarán que se repita.
Un ejemplo citado en el expediente analizado por la ONU es el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde en marzo de 2025 el colectivo Guerreros Buscadores halló restos humanos, cientos de prendas y objetos personales, pese a que el inmueble había sido asegurado meses antes. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señaló que esas omisiones, junto con la detención de expolicías vinculados al caso, sugerían una posible aquiescencia de autoridades. El caso sigue en investigación.
¿Qué sigue?
La Tercera Comisión de la ONU deberá analizar el caso y definir los siguientes pasos. El Comité propone cooperación internacional para fortalecer la búsqueda, la investigación de los casos, la identificación de restos humanos y la protección de quienes buscan a sus familiares. Mientras tanto, seguirá supervisando la situación del país, solicitando información y manteniendo el diálogo con las autoridades mexicanas.
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