WASHINGTON, D. C. – El gigante tecnológico y de los videojuegos, Nintendo de America, ha solicitado de manera formal la desestimación de una propuesta de demanda colectiva en su contra. La querella fue interpuesta por un grupo de consumidores estadounidenses que exigen la devolución proporcional de los costos extra que pagaron debido a los aranceles comerciales impuestos durante el periodo de 2025.
La postura legal de Nintendo ha encendido el debate en la comunidad de jugadores: la multinacional sostiene que no tiene ninguna obligación financiera con los compradores, alegando que el mercado no opera bajo devoluciones retroactivas basadas en cambios de legislaciones posteriores.
El origen del conflicto comercial
El caso legal, caratulado como Hoffert et al v. Nintendo ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, inició en abril de 2026. Esto ocurrió poco después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara ilegales los gravámenes masivos activados por la administración de Donald Trump.
Tras la invalidación de estos aranceles, el gobierno estadounidense comenzó un proceso multimillonario de devolución a los importadores afectados. Nintendo no tardó en demandar al gobierno para reclamar el dinero que pagó con intereses. Al enterarse de esto, los consumidores organizaron la demanda colectiva acusando a la empresa de “enriquecimiento injusto” e ilegal. El argumento de los usuarios es que el fabricante incrementó los precios finales al consumidor —subiendo entre $30 y $50 dólares a la consola Switch original y aplicando recargos a los accesorios de la Switch 2— escudándose en dichos impuestos. Al retener los reembolsos del gobierno, los demandantes aseguran que Nintendo estaría cobrando dos veces el costo arancelario.
“Recibieron exactamente lo que pactaron”: la defensa de la compañía
En su moción de desestimación de 27 páginas, el equipo jurídico de Nintendo fue tajante y utilizó argumentos de libre comercio:
- Transacciones voluntarias: Nintendo afirma que las compras se consolidaron bajo un precio aceptado de manera voluntaria por ambas partes. Los usuarios que no estuvieran de acuerdo “eran libres de abstenerse de comprar o buscar alternativas en la competencia”.
- Costos no exclusivos: La compañía aclaró que las subidas de precio globales implementadas no dependieron únicamente de las tarifas arancelarias, sino que respondieron a “condiciones complejas del mercado”, incluyendo el aumento del costo de la mano de obra, envíos internacionales y componentes como las memorias RAM.
- Absorción de gastos: Subrayaron que la empresa absorbió la totalidad o gran parte de los aranceles en sus productos estrella, como la consola central Nintendo Switch 2, protegiendo su precio de lanzamiento fijado en $449.99 dólares.
“Quienes compraron productos de Nintendo recibieron exactamente aquello por lo que negociaron y pagaron: una consola, un juego o un accesorio a un precio acordado. Los demandantes no tienen derecho a una rebaja simplemente por desarrollos legales posteriores relacionados con los aranceles. Así no funcionan las transacciones comerciales.”
— Fragmento del documento legal presentado por los abogados de Nintendo.
Un precedente para la industria tecnológica
Nintendo no es la única compañía que se encuentra en el ojo del huracán. Empresas como Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox), Amazon y Nike enfrentan recursos legales idénticos bajo la misma premisa civil: la ilegalidad de retener dinero devuelto por el gobierno si este impacto ya se cobró al cliente final. En contraste, empresas de logística como FedEx y UPS sí han optado por anunciar planes de redistribución de esos reembolsos directamente hacia sus remitentes y clientes afectados.
A partir de ahora, la resolución queda en manos de la justicia federal de los Estados Unidos. Un juez deberá evaluar los contratos de términos de servicio y las cláusulas de arbitraje privado de Nintendo para definir si el caso avanza hacia un juicio masivo o si es archivado de forma definitiva.
