El Instituto Nacional Electoral atraviesa la crisis más delicada de su historia reciente. En menos de una semana, su consejera presidenta renunció, el Congreso citó al contralor interno y la nueva dirección congeló las contrataciones, todo a partir de señalamientos sobre contratos millonarios a proveedores cercanos a la cúpula del instituto, justo cuando ya está en marcha la organización de las elecciones de 2027.
El contrato de la credencial para votar
El caso más reciente se publicó este 29 de octubre. Según una investigación de Reforma, requisitos orientados, sobrecostos y anomalías rodean el contrato más grande que firmó Guadalupe Taddei como presidenta del INE: mil 75 millones de pesos para fabricar la credencial de elector en 2025, ganado por un consorcio encabezado por Cosmocolor y operado por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
Empresas participantes denunciaron, en documentos públicos, que se cambiaron las bases para favorecer al consorcio de Cosmocolor, Talleres Gráficos e Icards Solution. Entre los ajustes señalados está la reducción del requisito de experiencia de 2 millones de documentos emitidos a solo 200 mil, además de la exigencia de contratar exclusivamente a HuBOX para emitir el código QR, una empresa que ya trabajaba con Cosmocolor.
El precio de ese código es otro foco rojo: de acuerdo con Reforma, pasó de 1.7 centavos de dólar en 2022 a 12 centavos en la oferta ganadora, un incremento cercano a 606%. Aun así, las cifras por sí solas no acreditan una irregularidad, y hasta este 29 de octubre no se ha confirmado la cancelación del contrato. Para la ciudadanía, el trámite de la credencial sigue siendo gratuito; lo que está en duda es cuánto paga el INE por producirla.
El proveedor en el centro del escándalo
La figura que conecta los casos es José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de Cajas Graf, empresa que según Latinus obtuvo al menos 245 millones de pesos durante la gestión de Taddei en el INE y en el Instituto Electoral de Sonora. En 2021, Taddei y Hernández Casillas firmaron una asignación de 46 millones de pesos a Cajas Graf desde el instituto sonorense. Las indagatorias abarcan además a un grupo de siete empresas vinculadas operativamente con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La presión escaló cuando, el 22 de octubre, se publicaron imágenes de Taddei conviviendo con el empresario, quien ayudó a organizar el cumpleaños de la consejera en 2025 y un brindis en diciembre por la adjudicación del contrato de la credencial. Después se difundieron videos de su hijo, Jorge Francisco Piñeda Taddei, con Hernández Casillas durante un viaje a París.
La renuncia de Taddei
Taddei formalizó su renuncia como consejera presidenta el lunes 26 de octubre, con una carta entregada a la Cámara de Diputados. En su mensaje sostuvo que su salida buscaba proteger al instituto, aunque reconoció que la decisión “no releva a nadie del deber de esclarecer” los hechos. También afirmó que los contratos estaban sujetos a auditorías.
Lo que dicen las auditorías
Aquí conviene separar los planos. El 24 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que investiga irregularidades en contratos del INE por 514 millones de pesos otorgados a empresas de Hernández Casillas. Según el presidente de la Comisión de Vigilancia, la ASF prevé tener resultados en unos seis meses.
En paralelo, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE tiene sus propias indagatorias: 11 de los primeros 16 expedientes corresponden a contrataciones públicas. Reportes señalan que el contralor detectó hace seis meses depósitos de proveedores y omisiones patrimoniales por hasta 5.6 millones de pesos, pero las investigaciones siguen sin resolverse.
Por ello, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó por unanimidad citar al contralor Víctor Hugo Carvente, quien comparecerá el 30 de octubre a las 9:00 horas ante la Comisión de Vigilancia. Ricardo Monreal sostuvo que la renuncia de Taddei no la exime de responsabilidades y que deben seguir las indagatorias del OIC y la ASF, así como las de la UIF y, si hay denuncias, de la FGR.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, pidió a la ASF revisar también los contratos de la gestión de Lorenzo Córdova.
Lo que todavía no está probado
Pese al volumen de señalamientos, las irregularidades denunciadas no han sido acreditadas mediante una resolución definitiva conocida. Hoy existen denuncias periodísticas y de empresas competidoras, auditorías en curso de la ASF y expedientes abiertos en el OIC, pero ninguna sanción firme ni responsabilidad penal determinada.
Nueva presidencia, contratos congelados y renuncias
El 27 de octubre, el Consejo General aprobó por unanimidad de 10 votos la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, en espera de que la Cámara de Diputados nombre a un titular definitivo. Su primera decisión fue detener la entrega de contratos y revisar los que siguen activos.
Renunciaron José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, señalados por aparecer en reuniones con el proveedor. En total, el INE registró 15 renuncias de personal de confianza en el primer día de Cruz al frente del organismo, y los consejeros evaluarán si el secretario ejecutivo Roberto Félix, cercano a Taddei, también debe salir.
La nueva presidenta tampoco está libre de cuestionamientos: fue interrogada por un contrato de unos 129 millones de pesos a Comercializadora JVLY para material electoral en Puebla, donde presidió el organismo local. Su respuesta: “Pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”. Además, reconoció que algunos consejeros pidieron explicaciones sobre ciertos contratos sin recibir respuestas completas.
Lo que sigue
La comparecencia del contralor este viernes, los resultados de la ASF y el nombramiento de la nueva presidencia definirán si los señalamientos se convierten en responsabilidades acreditadas. Mientras tanto, el INE debe mantener en marcha la preparación del proceso electoral de 2027 con sus licitaciones en pausa.
Links oficiales
- Instituto Nacional Electoral
- Central Electoral (comunicados del INE)
- Auditoría Superior de la Federación
- Cámara de Diputados
- Presidencia de la República
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