La Secretaría de Hacienda dio el paso que convirtió semanas de filtraciones en un expediente penal. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que, según la dependencia, ameritan la revisión de las autoridades. Todas están vinculadas con proveedores de material electoral. Según medios nacionales, en la lista aparece la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
La medida se dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes periodísticos, incluye el bloqueo de cuentas en el sistema financiero mexicano a nombre de Guadalupe Taddei Zavala. La UIF también acudió a la Fiscalía General de la República.
Qué encontró la UIF
El comunicado de Hacienda es escueto. No da nombres ni montos, y tampoco precisa si las personas y empresas bloqueadas están directamente vinculadas con los contratos investigados en el INE. Hasta ahora no se ha informado cuánto dinero quedó inmovilizado en las cuentas de Taddei ni qué operaciones llevaron a incluirla.
Lo que sí detalló es el siguiente paso. Con base en sus análisis financieros, la UIF presentó una denuncia ante la FGR para que investigue y determine las posibles responsabilidades.
El rastreo no empezó ahora. En la última semana de octubre, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, confirmó que en 2023 ya se habían bloqueado cuentas de empresas proveedoras relacionadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, radicadas en Santander, Scotiabank Inverlat y Citibanamex. Además, la UIF había informado previamente que mantenía bloqueadas 70 cuentas bancarias ligadas a una indagatoria sobre proveedores electorales.
Por qué aparece el nombre de Guadalupe Taddei
El caso estalló por la relación entre la entonces presidenta del INE y un contratista. Los señalamientos apuntan a una presunta red de corrupción que vincula a Taddei con su pareja sentimental, José Alfredo Hernández Casillas, cuyas empresas venden material electoral.
La presión creció hasta su salida. Taddei anunció el 25 de octubre de 2026 que dejaría la presidencia del INE y presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados al día siguiente. Había asumido el cargo en abril de 2023, con un periodo previsto hasta 2032.
Hay un matiz importante: Hacienda no ha confirmado oficialmente que las cuentas de Taddei estén entre las bloqueadas, aunque fuentes federales y del propio INE aseguran que la exfuncionaria está incluida. En los reportes revisados no aparece un posicionamiento público de Taddei sobre el bloqueo.
Quiénes son las personas y empresas investigadas
La identidad completa de los 40 bloqueados no es pública. Lo que se conoce proviene de la contraloría del INE y de reportes de prensa. Una fuente con acceso a la lista confirmó que en ella figuran Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó un grupo de empresas. Las cinco principales son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializador JVLY y Seriplast de México. Según el OIC, habrían simulado competencia para obtener contratos de material electoral de los organismos públicos locales por 2 mil 461 millones de pesos a partir de 2021. El contralor explicó que se trata de compañías vinculadas entre sí, que comparten representantes legales y socios.
La historia de contratos viene de más atrás. De acuerdo con el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, estas empresas comenzaron a recibir contratos en 2014. El año de mayor monto fue 2021, con mil 105 millones de pesos, principalmente de los institutos electorales locales de Veracruz, Coahuila y Oaxaca.
¿Cómo operaba el esquema? El OIC describió un sistema en el que empresas ligadas a Hernández Casillas inflaban precios para desplazar a la competencia. También detectó contratos simulados de apenas nueve días, por más de un millón de pesos, sin evidencia suficiente de que el servicio o producto se entregara.
La Auditoría Superior de la Federación encontró algo similar: dos compañías, identificadas con las siglas “GC” y “GHC”, acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades.
Qué responsabilidades se han acreditado hasta ahora
Ninguna de forma definitiva. Hacienda aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
Dentro del INE, el avance es administrativo, no penal. El OIC tiene 18 expedientes: 13 siguen en investigación y cinco ya están en procedimiento de responsabilidades, lo que significa que los servidores públicos involucrados fueron formalmente imputados y citados a audiencia inicial. El propio contralor matizó que los hallazgos son actos de fiscalización preliminares que todavía deben madurar para llegar a resultados definitivos.
Qué sigue en las investigaciones
El caso avanza en varios frentes:
- Fiscalía General de la República: recibió la denuncia de la UIF. El Ministerio Público deberá investigar y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales.
- INE: Blanca Cruz, presidenta provisional, anunció que las diez consejerías acordaron presentar una denuncia conjunta ante la FGR.
- ASF: amplió su revisión a contratos celebrados entre 2000 y 2025.
- Partidos: el PRI, encabezado por Alejandro Moreno, presentó su propia denuncia ante la FGR contra Taddei y otros funcionarios del INE por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos.
Por ahora, la pregunta del titular sigue abierta. Hay cuentas congeladas, expedientes administrativos y denuncias penales en curso, pero ninguna sentencia. Será la FGR la que determine si los movimientos detectados por la UIF constituyen delitos y quiénes deben responder por ellos.
Links oficiales
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (comunicados)
- Unidad de Inteligencia Financiera
- Instituto Nacional Electoral
- Fiscalía General de la República
- Auditoría Superior de la Federación
- Cámara de Diputados
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