En menos de 48 horas, el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue detenido por autoridades estatales, obtuvo la libertad bajo medidas cautelares y volvió a ser arrestado, ahora por la Fiscalía General de la República (FGR). Ambos procesos tienen el mismo origen: el operativo de abril contra un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses.
Hasta ahora, ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un juez. Jáuregui no ha sido vinculado a proceso en ninguno de los dos fueros, y su defensa sostiene que no hay pruebas en su contra.
¿Qué ocurrió en abril?
El caso se remonta a un operativo realizado a mediados de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde se localizó un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En el despliegue participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), militares y ciudadanos estadounidenses que después fueron identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Al regresar del operativo, dos estadounidenses vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la AEI, entre ellos el director de la corporación, murieron en un accidente vial. El embajador estadounidense lamentó públicamente la pérdida de los dos miembros del personal de la Embajada y de los dos funcionarios mexicanos.
Las muertes abrieron las preguntas. El 20 de abril, la Fiscalía de Chihuahua, entonces encabezada por Jáuregui, sostuvo que en el aseguramiento del laboratorio solo habían participado agentes estatales y militares, y presentó a los estadounidenses como personal de la Embajada que realizaba labores de capacitación, no como participantes directos del operativo.
Cronología del caso
21 al 23 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal no fue informado del operativo ni de la presencia de personal estadounidense. El 22 de abril informó que envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir explicaciones, y al día siguiente responsabilizó al gobierno de Chihuahua de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al solicitar esa colaboración.
24 de abril. La Fiscalía de Chihuahua creó una unidad especial para investigar los hechos del operativo de El Pinal.
27 de abril. Jáuregui renunció a la Fiscalía tras reconocer omisiones e inconsistencias en su dependencia sobre la presencia de extranjeros en el operativo. Al día siguiente, Sheinbaum advirtió que la investigación no terminaba con esa renuncia.
Mayo. Sheinbaum confirmó que cuatro agentes de la CIA participaron en el operativo sin contar con la acreditación necesaria para realizar labores de inteligencia en México, y que el gobierno pidió formalmente su salida del país mediante una nota diplomática.
2 de junio. Jáuregui compareció como testigo ante las autoridades que investigan el caso del laboratorio.
14 de octubre. La gobernadora Maru Campos afirmó en una entrevista que los responsables actuaron “por la libre” y negó haber autorizado o conocido la presencia de extranjeros en el despliegue.
¿Cómo fue la detención?
Jáuregui fue detenido por policías estatales alrededor de las 10:20 horas del sábado 17 de octubre, cuando circulaba en su vehículo por la avenida La Cantera, a la altura de la avenida Washington, en la ciudad de Chihuahua. La orden estatal corresponde a la causa penal 3055/2026, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.
En la audiencia, que se extendió hasta la noche del domingo 18, el juez de control negó la prisión preventiva y le permitió enfrentar el proceso en libertad, con la obligación de firmar cada mes y no acercarse a los testigos. Según reportes, el juez consideró que el Ministerio Público no sustentó con pruebas su petición.
La libertad duró poco. Menos de una hora después, agentes federales lo detuvieron para cumplir una orden de aprehensión federal. La mañana de este lunes 19 de octubre llegó al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, para comparecer ante una jueza federal.
¿De qué lo acusa la FGR?
La FGR busca procesarlo por hechos que, según su investigación, podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La fiscal general Ernestina Godoy informó que la indagatoria incluyó más de 100 actos de investigación y que las autoridades consideran que Jáuregui habría permitido la intervención no autorizada de agentes extranjeros.
Según la versión federal, hay tres irregularidades principales:
- Sin carpeta previa. El operativo se habría realizado sin que la Fiscalía estatal abriera antes una carpeta de investigación, pese a que Jáuregui aseguró que fue resultado de meses de planeación.
- Aviso tardío a la Federación. La Fiscalía de Chihuahua habría notificado a las autoridades federales después de la intervención, aunque ya tenía comunicación con los extranjeros involucrados.
- Cadena de custodia. Los peritos federales no habrían recibido formalmente el lugar, las sustancias ni los demás indicios con la cadena de custodia correspondiente.
La FGR también reportó registros de que los estadounidenses acudieron en varias ocasiones a instalaciones de la AEI sin una justificación clara.
¿Qué deberán resolver las autoridades?
- Quién autorizó la presencia extranjera. Las investigaciones deben establecer si hubo autorización y si se respetaron las normas que regulan la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.
- La cadena de mando. Si la decisión fue solo del exfiscal o de otros funcionarios. La investigación estatal también alcanzó a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, contra quien se libró una orden de aprehensión; su detención no se ha confirmado.
- Dos fueros, mismos hechos. La defensa anunció que informará al juez federal sobre el proceso estatal, para que se tome en cuenta en el caso federal.
- El valor de las pruebas. Las fallas en la cadena de custodia pueden generar dudas sobre el manejo de las evidencias, aunque no las invalidan de forma automática.
¿Qué dicen las partes?
El abogado defensor, Héctor Villasana, aseguró que confían en evitar la vinculación a proceso porque, tras conocer la investigación, consideran que no existen evidencias contundentes contra el exfiscal.
Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, sostuvo que, aunque el operativo permitió desmantelar un laboratorio clandestino, ese resultado no justificaba actuar fuera de la ley.
En la relación con Washington, Sheinbaum ha buscado contener el conflicto. “No queremos escalar un problema con EE.UU., pero no podemos ignorar nuestra Constitución y nuestras leyes”, dijo en abril. Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt consideró insuficiente la respuesta mexicana y pidió mayor empatía por los agentes fallecidos.
¿Qué sigue?
En el fuero federal, la audiencia inicial ante la jueza del Altiplano podría celebrarse este martes 20 de octubre. En el fuero estatal, la audiencia para decidir si es vinculado o no a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas; según la defensa, se realizaría por videoconferencia.
Lo que hoy existe son acusaciones de dos fiscalías y órdenes de aprehensión. Serán los jueces quienes determinen si hay elementos suficientes para un proceso penal; una orden de detención no equivale a una condena.
Si quieres saber más de Fábricas producen más, pero contratan menos: manufactura crece 4.1% y el empleo suma 42 meses a la baja, leer aquí.
